Las CCAA tendrán que destinar como mínimo un 25% del suelo a las VPO
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, adelantó hoy que la futura Ley del Suelo obligará a las Comunidades Autónomas (CCAA) a reservar como mínimo el 25 por ciento del suelo para Vivienda de Protección Oficial (VPO), y aseguró que será “sumamente respetuosa” con las competencias autonómicas.
Así lo manifestó la titular de Vivienda en un encuentro con la prensa en el marco de la XIV Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas del Sector de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (Minurvi) que se celebra en Guadalupe.
Trujillo explicó que actualmente las CCAA deciden sobre el porcentaje de suelo para viviendas protegidas , aunque recordó que el Tribunal Constitucional permite al Gobierno fijar una horquilla con una cifra mínima y máxima, de manera que los gobiernos autónomos pueden ejercer sus competencias estableciendo libremente un porcentaje.
Recordó que se trata de trasladar el compromiso adquirido en el Plan de Choque a la futura Ley del Suelo.
Explicó que el borrador, que ya se está debatiendo en un “ámbito estrictamente reservado” y fuera de la comisión de expertos , y que se presentará a las Cortes antes de fin de año, recoge recomendaciones y criterios concretos para que las CCAA puedan desarrollar su marco legal acerca de la gestión urbanística.
Recordó que la Ley del Suelo persigue frenar la especulación del suelo para cumplir con la Constitución, pues tendrá en cuenta su valor real y no su expectativa futura.
DEBATE SOBRE LA LEY DEL SUELO
“Si el pasado curso político lo cerramos antes del verano con la aprobación del nuevo Plan de Vivienda 2005-2008, este curso abriremos el debate sobre la Ley del Suelo”, añadió.
Para Trujillo, la complementariedad entre el Plan de Vivienda y la Ley de Suelo es el “eje central” de la política de su ministerio , y destacó que se inspirará en los principios de desarrollo urbano sostenible y de mejora de la calidad del medio urbano.
Destacó que esta ley pretende combinar la prudencia necesaria para ser eficaz -cuando 15 CCAA ya tienen legislaciones urbanísticas completas- con la ambición de contribuir a renovar y regenerar las políticas de suelo y urbanismo.
La nueva ley se encabezará con un estatuto básico de los derechos y deberes de todos los ciudadanos -no sólo de los propietarios- en relación con su medio urbano y rural, “cosa que hasta ahora nunca había recogido la ley estatal del suelo”, agregó.
Por otra parte, Trujillo también recordó que su departamento contará con un incremento del 20 por ciento en los presupuestos para 2006 sobre los 887,3 millones de euros de este año.
En este sentido, afirmó que esta cifra supone uno de los mayores esfuerzos del Gobierno en los futuros presupuestos, junto a la partida destinada a I+D+i.
“ÉXITO” DE LA CONVOCATORIA
Por último, la titular de Vivienda destacó el “éxito” de la convocatoria, a la que asistieron durante los tres días de celebración más de 50 delegados en representación de 20 países iberoamericanos y del Caribe, varias organizaciones de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales internacionales del sector.
Mencionó la presentación del libro “Un hogar en la ciudad”, que ha elaborado el grupo de trabajo de Naciones Unidas para el cumplimiento de los objetivos del milenio, que pretenden reducir la pobreza extrema en todas sus formas.
También se refirió a la firma del protocolo 2005 de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la agencia de Naciones Unidas para los asentamientos humanos (UN-Hábitat), que aumenta en más del 30 por ciento el presupuesto.
Trujillo señaló que durante los debates con sus homólogos han “aflorado importantes consensos”, como la necesidad de que la efectividad y plenitud del derecho a la vivienda está inseparablemente vinculada al derecho a la ciudad; de establecer marcos legales que favorezcan la participación efectiva de los ciudadanos; de considerar a la vivienda y temas urbanos como políticas de Estado; y de dotar a estas partidas con recursos financieros suficientes.
Estas cuestiones están contempladas en la Declaración de Guadalupe, documento firmado hoy por más de 18 representantes iberoamericanos, y que se elevarán a la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica que se celebrará los próximos días 14 y 15 de octubre en Salamanca.
