Congreso aprueba proposición no ley PP modificar Plan Vivienda
La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó hoy una proposición no de ley del PP por la que se insta al Gobierno a modificar el Real Decreto por el que se aprueba el Plan de Vivienda 2005-2008 para mantener el mismo nivel de ayudas a la adquisición de vivienda protegida que las fijadas en el anterior plan.
La iniciativa del PP se aprobó con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE que votó en contra e Izquierda Unida que se abstuvo.
A juicio del PP, el nuevo Plan de Vivienda introduce algunas modificaciones que tienen como “consecuencia inmediata el recorte en las ayudas directas a cada una de las familias, así como una mayor rigidez que limita la capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas y que, en algunos casos, invade claramente sus competencias”.
Por ello, el PP insta al Ejecutivo a mantener el mismo nivel de ayudas a la compra de pisos protegidos que las establecidas en el Plan de Vivienda 2002-2005, con el fin de “no incrementar la dificultad económica de las familias más desfavorecidas en el acceso a la vivienda protegida”.
En la proposición no de ley, el PP también solicita que el Gobierno mantenga la ayuda a los inquilinos de 240 euros mensuales, mientras persista la situación económica que le hizo acreedor de la ayuda, y así evitar la pérdida de la vivienda.
Por otra parte considera que hay que flexibilizar los requisitos para la financiación de los programas de rehabilitación aislada de edificios y viviendas.
Además, el PP pretende que el Gobierno permita la financiación estatal de los programas de promoción de vivienda protegida en régimen de arrendamiento con opción de compra.
En relación a las ayudas directas, el PP destacó en octubre, cuando presentó su proposición no de ley, que el plan cambia el hasta ahora vigente sistema de porcentajes sobre los precios de venta por un nuevo modelo basado en importes fijos “por el que se disminuye injustificadamente” la cuantía de las mismas, “perjudicando a las familias”.
Además, sostuvo, las ayudas a inquilinos incorporados al plan “continúan limitando el periodo de protección a dos años aunque persista la misma situación económica del inquilino”.
A su juicio, el plan impide la financiación de programas que en los últimos años habían puesto en marcha “con éxito” algunas Comunidades Autónomas, como los programas de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento con opción a compra.
El PP afirma, asimismo que “invade” las competencias de las comunidades con respecto al régimen de protección y su descalificación como vivienda protegida, “al cómputo de los ingresos familiares cuando se trate de promotores para uso propio agrupados en cooprativas o comunidades de propietarios, a la prohibición de transmitir la vivienda durante un periodo de 10 años, y a los precios máximos de viviendas protegidas en segundas o posteriores transmisiones”.
Para el PP el nuevo plan “restringe” las ayudas a la rehabilitación aislada de edificios y viviendas a los proyectos que tengan por objeto la supresión de barreras arquitectónicas, la reducción del consumo energético, la seguridad estructural y la estanqueidad frente a la lluvia, y excluye de la posibilidad de obtener financiación a otras obras de rehabilitación aislada que “sí la tenían con el anterior plan”.
Por todo ello, los populares quieren modificar los artículos 5, 7, 13, 20 y 33 del Plan de Vivienda, con el fin de evitar la invasión de competencias propias de las comunidades
