Ley del Suelo y corrupción
No parece que la nueva Ley del Suelo que propone el Gobierno vaya a servir para solucionar muchos de los problemas de la vivienda. La nueva ley propone seguir manteniendo la posibilidad de que un alcalde de un pueblo cualquiera pueda multiplicar por 10 el valor de un terreno -casi siempre en manos de constructores- con una firma. Esto abre la puerta, como se ha visto, a una corrupción escandalosa que al final pagamos todos.
Pero si esto es grave, no lo es menos la corrupción e injusticia social que genera la vivienda protegida y que la nueva ley propone mantener y amplificar. Creo que es de sobra conocido que mucha gente que accede a ella, a pesar de los controles, no reúne los requisitos -esto ocurre especialmente con los autónomos-. Por no hablar del amiguismo reinante en las adjudicaciones, especialmente en los pueblos. Aumentar el porcentaje de suelo dedicado a la vivienda protegida en cada actuación urbanizadora al 25 por ciento como propone la Ley amplifica los problemas mencionados de forma grave. Y añade otro: encarece aún más el precio de la vivienda libre ya que el constructor tiene que amortizar el coste de ese 25 por ciento de suelo de alguna manera.
El problema de toda ley intervencionista en relación con el suelo es que ofrece la posibilidad de alterar de forma significativa el valor de las cosas con una firma -sea para construir o para dar viviendas protegidas- y esto siempre genera corrupción antes o después. El precio de la vivienda sólo se podrá contener si ayudamos a reducir el precio del suelo. Y esto es factible, según los expertos, si se deja funcionar a la ley de la oferta y la demanda, liberando cualquier suelo que no esté protegido por razones especiales.
Claro que esto no es viable si antes los partidos políticos (y sus miembros) se liberan de muchos de sus prejuicios y, sobre todo, buscan fuentes de financiación distintas a las actuales.
